El presidente de la Asociación Española Fotovoltaica (AEF), Juan Laso, ha denunciado que el Ministerio de Industria pretende recortar en unos 900 millones de euros las primas anuales a la industria fotovoltaica y hacerlo además con carácter retroactivo.
Según Laso, la intención del Gobierno es aprobar antes de fin de año un real decreto ley que, sobre la base de "ejemplos" incluidos en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, aplique un recorte del 30% en el número de horas a las que las instalaciones tienen derecho a recibir la prima, de modo que las plantas fijas sólo podrán cobrar hasta 1.250 horas al año, y las plantas con un seguidor hasta 1.644 horas al año.
Este recorte supondría rebajar en aproximadamente un 30% las horas de retribución y, con ello, la prima que reciben las fotovoltaicas, lo que, si se toma como base los 2.735 millones de euros de retribución previstos por AEF para 2010, la medida permitiría a Industria contener los costes del sistema eléctrico en unos 900 millones.
AEF indica que la medida se aplicaría a las plantas del real decreto 661/2007, por lo que tendría "carácter retroactivo", y asegura que supondría la "quiebra" del sector, ya que a partir de un recorte en los ingresos del 10,5% las plantas ya entrarían en 'default' y dejarían de responder al pago de la deuda, dados los compromisos bancarios de muchas de ellas.
El sector tiene un nivel de apalancamiento del 80% sobre unas inversiones de 20.000 millones. Esta exposición al sistema bancario hace que, a juicio de Laso, el coste "en términos de deuda y de descrédito de la medida" que supuestamente baraja Industria supere con creces el ahorro en primas que persigue el Gobierno.
En un encuentro con periodistas, Laso afirmó además que la fotovoltaica ya ha sido, con 600 millones en tres años, "la tecnología que más ha contribuido a los ahorros en el sistema" y consideró que, de aplicarse, la medida traería "indefensión" y supondría "una sorpresa", "una quiebra de la confianza" y un "palo tremendo" para el sector. "Están enterrando años de esfuerzo humano, financiero y tecnológico", aseveró.
El recorte afectaría al 95,5% del parque total fotovoltaico y a cerca de 60.000 pequeños inversores. Además, agravaría el problema de empleo de un sector que ha pasado en dos años de 90.000 puestos de trabajo directos e indirectos a apenas 21.000, asegura AEF.
MEDIDAS JUDICIALES.
La asociación está dispuesta a promover un recurso de anticonstitucionalidad contra el posible real decreto ley del Gobierno. Para ello, ha recurrido a los servicios de Clifford Chance, que recomienda plantear un recurso contencioso-administrativo en contra del acto de promulgación del real decreto ley, de modo que la demanda llegue a un tribunal superior de Justicia que, a su vez, traslade el caso al Tribunal Constitucional.
El vicepresidente de AEF, José Luis Martínez Martín, explicó que la medida podría aparecer recogida en una ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la que figuren, además de los recortes fotovoltaicos, otras medidas de última hora, incluida alguna referida al sector del carbón.
En paralelo, AEF está estudiando recurrir ante el Tribunal Supremo, tribunales de arbitraje y ante la Comisión Europea el real decreto ya aprobado en el que se recortan las primas a las nuevas plantas fotovoltaicas, ya que en su articulado se incluye un límite de 25 años en el periodo con derecho a recibir primas por parte de las instalaciones del 661/2007 que, a juicio de la asociación, podría suponer una medida retroactiva.
AJUSTE DE LA TARIFA ELÉCTRICA.
El nuevo recorte de la retribución podría aplicarse de forma "temporal" y durante un número limitado de años, indicó Laso. En todo caso, supondría unos 2.700 millones en tres años y, sumados a los 600 millones de bajadas de primas previstas a partir del próximo año, situaría en unos 3.300 millones el esfuerzo en ahorros realizado por el sector fotovoltaico.
El ahorro de 900 millones en 2011 reduciría los costes del sistema eléctrico y, con ello, amortiguaría las previsibles subidas en la Tarifa de Último Recurso (TUR), sobre la que pesan en la actualidad presiones al alza cercanas al 10% derivadas de conceptos como el encarecimiento de la energía o los pagos de capacidad para sufragar el real decreto del carbón.
"No se puede arreglar el déficit tarifario con medidas de este tipo", sostuvo Laso, quien recordó que la participación de las renovables en el 'pool' eléctrico tiene un coste que queda compensado con la entrada de potencia térmica más cara que evitan.
En todo caso, AEF dice que Industria ha dejado a las asociaciones fotovoltaicas fuera de la reflexión acerca del recorte de gastos del sistema eléctrico. No sólo "no hay ahora ningún canal de comunicación" con el departamento de Miguel Sebastián, sino que "nuestras posiciones están en las antípodas, porque ellos nos quieren quebrar", afirmó Laso. (EUROPA PRESS)
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