Femepa ha asegurado este sábado que el Gobierno "no reconoce las particularidades" de Canarias al recortar el apoyo a la energía solar fotovoltaica.
Así se mostró el colectivo después de aprobarse el Real Decreto-Ley sobre medidas urgentes para corregir el déficit de tarifa de la luz y en el que Industria "recortaba de forma retroactiva por segunda vez en 2010 el marco de apoyo a la energía solar fotovoltaica, acusándola de ser la causante del déficit de tarifa de todo el sistema eléctrico español".
A este respecto, y según informó Femepa en un comunicado, el Cluster RICAM de Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos y la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER) también han mostrado "su total rechazo" al Decreto-Ley.
Añaden que con dicha norma, Canarias "paga el déficit tarifario del sistema eléctrico español", ya que se "castiga gravemente a la producción de energía solar fotovoltaica" en las islas al sufrir el "mayor recorte de todo" el Estado.
En este sentido, ambas organizaciones insisten en que la fórmula empleada por el Gobierno central "no reconoce" las particularidades de las islas, ya que "no tiene en cuenta" las diferencias de producción solar en cada una de las zonas climáticas, ni distingue las instalaciones por su mayor o menor eficiencia, lo que "supone penalizar a las que han hecho un esfuerzo económico superior".
Además, agregan, las escasas nuevas plantas que se realicen a partir de ahora "se verán obligadas a sacrificar" la calidad y la eficiencia energética para hacerlas rentables.
Canarias, subrayan, que posee el mayor número de horas anuales de sol en España y que produce electricidad mediante energías renovables a un coste menor que con el uso de combustibles fósiles, tendrá que soportar el ajuste impuesto por el Estado en "mayor medida" que el resto de comunidades autónomas.
Este agravio comparativo supondrá que entre 2011 y 2013 las pérdidas para los productores canarios asciendan a unos 100 millones de euros, un 30 por ciento de los ingresos totales, mientras que las instalaciones ubicadas en el Norte de España "prácticamente no sufrirán pérdidas".
Por otro lado, las medidas supondrán para el Gobierno de Canarias una caída en la recaudación del IGIC en los próximos años, a lo que se unirá el impacto sobre los ingresos municipales a través de los diferentes impuestos y tasas asociadas a la actividad, así como sobre los de la renta y sociedades.
Finalmente, avisan de que el sector de la energía solar en Canarias comienza a constatar la "retirada masiva" de inversores extranjeros que con las nuevas medidas impuestas trasladarán sus fondos desde España a otros países como Italia, Reino Unido, Estados Unidos y China, donde encuentran unas condiciones estables y la necesaria seguridad jurídica.
RICAM y ACER, afirman, están manteniendo encuentros con instituciones y fuerzas políticas para obtener apoyos con el objetivo de evitar las consecuencias de esta legislación. Su aplicación supondrá que "más de 1.000 inversores particulares y empresas en Canarias pierdan sus instalaciones al no poder hacer frente a las obligaciones". (EUROPA PRESS)
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