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Esta normativa se da dentro de la estrategia de la Unión Europea para luchar contra los efectos del cambio climático, pues los edificios son responsables del 40% del consumo energético de la UE y del 36% de las emisiones contaminantes.
Para 2020 los países de la UE deberán garantizar que los nuevos inmuebles cuentan con un alto rendimiento energético, además a partir de 2018 los estamentos públicos comenzarán la adaptación de los edificios gubernamentales a los nuevos estándares energéticos.
Adicionalmente, a mediados de 2011 los gobiernos deberán presentar un listado de iniciativas financieras, subsidios u otros esquemas para generar préstamos con bajos intereses para las diferentes adaptaciones que deberán llevarse a cabo en edificios privados como la instalación de contadores inteligentes o la sustitución de los sistemas de calefacción, calentamiento de agua y aire acondicionado por equipos eficiente energéticamente.